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| Ciudad Juárez. Foto: El Universal |
En enero de 1993 fue encontrado el cadáver de Alma Chavira Farel en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tenía 16 años de edad. Presentaba golpes en su cuerpo; señales de violación. Fue estrangulada. Nadie sabe hasta la fecha quién o quiénes fueron los autores del crimen. Se trata del primer caso del conjunto de más de 700 asesinatos que hoy, a más de 20 años de distancia, conocemos como las Muertas de Juárez y que abrió a nivel internacional el debate sobre la violencia contra las mujeres en nuestro país.
Y aunque se han realizado múltiples esfuerzos, se han creado leyes y fechas conmemorativas en distintos estados de la República en contra de la violencia hacia el sector femenino, las muertes violentas de mujeres en México no cesan y la mayoría de los casos quedan en la impunidad, en el olvido, a pesar de la presión hacia las autoridades por parte de organizaciones civiles, familiares y amigos de las víctimas, activistas y otros núcleos de lucha contra la problemática.
A esto se suma la falta de voluntad política de los tres órdenes de gobierno, el entorno de machismo, la corrupción y las deficientes garantías de seguridad señaladas por diversas organizaciones y especialistas en la materia.
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| Gráfico: OCDE |
Por ejemplo. Durante los primeros días de noviembre de este año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reveló nuevas cifras sobre la violencia contra las mujeres en sus países miembros: en México, 47% de las mujeres —casi la mitad o una de cada dos— ha sufrido violencia física y/o sexual.
La ONU informó que entre 2006 y 2012 los feminicidios en México aumentaron 40% y que 95% de ellos quedaron en la impunidad. Y no sólo eso: en varias entidades el asesinato de mujeres es 15 veces más alto que el promedio mundial.
La ONU indica que en México se consuman en promedio 6.4 asesinatos de mujeres por día, cifra que multiplicada, pronostica que al terminar 2013 se habrán cometido más de 2 mil 300 feminicidios en la República.
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| Menchú y Williams. Foto: Archivo |
Al menos, esos fueron los resultados de las investigaciones realizadas en 2012 —e incluidas en el reporte “De sobrevivientes a defensoras: Mujeres que enfrentan la violencia en México, Honduras y Guatemala”— por un grupo de mujeres apoyado por la ONU y conformado por periodistas, politólogas y activistas en derechos humanos, lideradas por las ganadoras del premio Nobel de la Paz, Jody Williams, en 1997; y Rigoberta Menchú, en 1992.
Por otra parte, un informe emitido en el número 3760-XI de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, el pasado 30 de abril, asegura que en los últimos 25 años se han documentado más de 34 mil muertes de mujeres con presunción de homicidio, de las que casi 7 mil ocurrieron entre 2005 y 2009.
Las cifras no paran ahí. Hace unas semanas Amnistía Internacional (AI) denunció que el Gobierno Federal de México no se ha atrevido a declarar una alerta de género en varios estados del país con altos índices de violencia hacia las mujeres, muy a pesar de las denuncias —y pruebas contundentes— de diversas organizaciones de la sociedad civil.
Entre estas entidades se encuentran el Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato y Oaxaca. Es visible que los estados del país rechazan declarar una alerta de género —la cual consiste en implementar acciones de seguridad y prevención para evitar la violencia y crímenes contra las mujeres—por temor a ser señalados, por el miedo al costo político que les podría acarrear.
Ejemplos sobran, por desgracia
En el Estado de México, en agosto de este año, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres —integrado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional de las Mujeres, y las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Salud, de Trabajo y Previsión Social; además de la Procuraduría General de la República— dijo a organizaciones civiles que antes de solicitar una investigación por violencia contra las mujeres “es necesario que prueben que los ataques son sistémicos”, y determinó que “las organizaciones civiles no han demostrado que existe una verdadera situación de violencia de género en el Estado de México”.
Esto, aunque de 2005 a la fecha casi mil 500 mujeres han sido asesinadas en dicha entidad. Y es que el año pasado, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó que en el Estado de México se cometieron 922 asesinatos de mujeres entre 2005 y 2010, a los que se sumaron otros 563 de marzo de 2011 a diciembre de 2012.
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| Protesta en EdoMex. Foto: Archivo |
El Observatorio indicó que los 10 municipios del Estado de México con más feminicidios son Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.
En Morelos, recientemente, varias organizaciones civiles han exigido al gobierno estatal declarar una alerta de género por los 37 asesinatos de mujeres ocurridos —y denunciados— en lo que va del año en la entidad, sin embargo, las autoridades se remitieron a presentar un programa para tratar de erradicar el crecimiento de estos crímenes “mediante la condena enérgica cuando se presente un caso de este tipo, sanciones a las autoridades que sean omisas en casos de violencia hacia la mujer y cero impunidad en agresiones a mujeres”, explicó el gobernador, Graco Ramírez.
En últimas fechas en Guanajuato, organizaciones civiles solicitaron ante el Instituto Nacional de las Mujeres —secretariado técnico del Sistema Nacional para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres— emitir una alerta de género por las 65 muertes violentas de féminas que documentaron. Las organizaciones civiles aseguraron que 30% de estos casos registró un antecedente de denuncia ante alguna autoridad del Ministerio Público.
Incluso, el secretario de Gobierno de Guanajuato, Salvador García López, afirmó que no es necesario declarar alerta de género en el estado porque sólo 12 de esos 65 asesinatos se han tipificado como feminicidios.
En Chiapas, durante la primera semana de noviembre, grupos de activistas y organizaciones civiles instalaron un altar con cruces para denunciar las 80 muertes violentas de mujeres en lo que va del año, lo que posiciona al estado como el quinto lugar en feminicidios en el país.
En octubre pasado, el Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres, reveló que en 2012 fueron asesinadas 180 mujeres en Veracruz, según datos de la Procuraduría de Justicia de la entidad. Empero, las autoridades estatales se han negado a emitir una alerta de género.
Y así podemos destacar otros escenarios como Sonora, donde hasta agosto pasado, habían sido asesinadas 27 mujeres, o en Hidalgo, donde incluso se ha solicitado emitir la alerta de género por los 17 feminicidios en la entidad en lo que va del año.
Golpes, violencia psicológica y muerte, comunes en México
A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer —que se celebró este 25 de noviembre— el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de un estudio efectuado en 2011: 63 de cada 100 mujeres de 15 años de edad y más, han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja u otras personas.
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| Gráfico: INEGI |
Querétaro, Michoacán y San Luis potosí son las entidades donde se presenta la mayor proporción de mujeres que han sido violentadas de forma grave y muy grave, con 88%.
El INEGI señala que “la grave situación por la que atraviesan las mujeres que son agredidas por sus parejas de forma sistemática y severa, tiene diversas repercusiones y efectos emocionales y daños físicos, que atentan contra su integridad y su bienestar. Las repercusiones emocionales pueden conducirlas a situaciones extremas y desear o intentar suicidarse”.
Y es que 11% de las mujeres que ha enfrentado cualquier tipo de violencia por parte de su pareja, ha visto al suicidio como una alternativa: 5% lo intentó y 6% solo lo pensó. “Pero quienes presentan el mayor porcentaje en esta situación, son las mujeres que han enfrentado violencia física y/o sexual; de éstas el 21% lo ha pensado o lo ha intentado (9% lo ha intentado y 12% solo lo ha pensado)”, indica el Instituto.
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| Gráfico: INEGI |
Según el INEGI, en 2011 el total de homicidios de mujeres en todo el país ascendió a 2 mil 693. El informe señala que en 2012 a nivel nacional se registraron 4.6 decesos por homicidio por cada 100 mil mujeres.
El INEGI afirma que “Entre las mujeres, las tasas de muertes por homicidio por encima de la media nacional se registran en Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas”.
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| Gráfico: INEGI |
En 2011 se incrementó 1.5 veces la tasa de homicidios en comparación a 2006, “pero a nivel estatal existen grandes variaciones; así, en Nuevo León este incremento fue cercano a 11 veces la tasa registrada en 2006, siendo la entidad que ha tenido el mayor crecimiento; seguido de Chihuahua y Coahuila, donde aumentó 5.5 veces entre la tasa registrada en 2006 y la registrada en 2011”, puntualiza el INEGI y agrega que “Durango y Nayarit presentan un incremento superior a 4 veces entre estos dos momentos, en tanto que en Sinaloa fue de 3.1 veces”.
Panorama desolador, esfuerzos insuficientes
Aunado a estas cifras devastadoras, el compromiso de las autoridades para prevenir y erradicar los feminicidios o los asesinatos dolosos de mujeres, es muy pobre y nada constante.
Ejemplo de ello es el órgano federal responsable de emitir las declaratorias de alerta de violencia de género, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), que lleva más de medio año sin dirigente. Esto tras la renuncia en abril pasado de Dilcya García Espinoza.
Presuntamente, Dilcya García dejó el cargo por diferencias con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Esta Subsecretaría designó como encargada temporal de la CONAVIM a la ex magistrada de la Sala Regional de Veracruz del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Claudia Pastor Badilla, quien a finales de octubre también dejó el cargo por motivos personales. A le fecha, la CONAVIM se encuentra acéfala.
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| Gráfico: CONAVIM |
La CONAVIM fue creada en 2009. En su sitio de internet describe: “Con el objeto de coordinar las acciones encaminadas a la prevención y disminución de la violencia en el país; y cumplir con los compromisos internacionales signados por México, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez se reestructura; y se crea por decreto presidencial, a partir del 1 de junio de 2009, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), con lo que se da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.”
En 2011 se realizaron cambios en el Código Penal Federal para tipificar el feminicidio como delito grave, castigándolo hasta con 60 años de cárcel. A la fecha, varias entidades de la república han iniciado procesos legislativos para incluir la tipificación del feminicidio en sus respectivas leyes penales.
En México tres estados no han concretado la tipificación como delito grave del feminicidio: Michoacán, Baja California Sur y —paradójicamente— Chihuahua, entidad marcada por los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez.
Incluso, hace unas semanas el grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Chihuahua, afirmó que las leyes del Código Penal del Estado son muy claras y amplias, “por lo que no es necesario tipificar el feminicidio como delito en la entidad, pues esta ley ya lo contempla, aunque no necesariamente clasificado como razón de género”.
Estas declaraciones se dieron tras un exhorto del Senado de la República a las legislaturas de Baja California Sur, Chihuahua y Michoacán, para iniciar los procesos de tipificación del delito de feminicidio.







