La llamada Ley de Geolocalización que fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación —tras una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos— otorga facultades a la Procuraduría General de la República para pedir a las empresas de telefonía celular, la ubicación geográfica de una persona sospechosa de algún delito.
En teoría, la geolocalización sólo se usará para delitos graves y la PGR tendrá que pedirlo por escrito a la compañía de telefonía.
Sin embargo, esto se presta a que la autoridad —y obviamente, la empresa de telefonía— tenga acceso no sólo a la ubicación, sino a correos, fotografías, contactos, direcciones y otros datos íntimos de los usuarios guardados en la memoria, sin solicitar autorización del dueño del aparato celular.
¿Le suenan esas "leyendas urbanas" de espionaje por parte de las telefónicas?
Los ocho ministros que votaron a favor, argumentaron que esta ley se trata de una herramienta fundamental para las autoridades en el combate a delitos como el secuestro, el narcotráfico, la extorsión y otros. Los tres ministros que votaron en contra, señalaron que se trata de una clara violación a la privacidad de las personas y que maltrata sus derechos humanos.
Y sí.
La única realidad es que se legalizó el espionaje mediante el pretexto de la geolocalización. Esto preocupa más, cuando de acuerdo con el estudio más reciente de Usos y Hábitos de Dispositivos Móviles en México, realizado por Millward Brown, 84 por ciento de los mexicanos mayores de 13 años cuentan con algún dispositivo móvil.
Pero este asunto no es nuevo, incluso, ya fuimos objeto de espionaje y no precisamente del gobierno mexicano ni de una telefónica en particular:
En febrero de 2007, Felipe Calderón autorizó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos instalara en nuestro país un sistema para interceptar telecomunicaciones, el cual —según las investigaciones del periódico Excélsior, publicadas en julio de 2013— “permite la recepción, procesamiento, análisis y almacenamiento de llamadas telefónicas a escala nacional, así como de servicios de internet como chat, correo electrónico y voz sobre IP.”
Los intentos por infiltrar legalmente nuestra intimidad, invadir nuestro espacio, han sido constantes. ¿Se acuerda cuando a los mexicanos nos obligaron a enviar un mensaje de texto con la CURP para darnos de alta en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el Renaut, con la finalidad de tener todos nuestros datos y dizque saber quién comete los delitos? Dicen que fue un fracaso. Dicen.
Y es que la frontera entre la labor judicial, el buen uso de la ley, y la irresponsabilidad y criminalización de ciudadanos es muy frágil. Más, cuando estamos en un país que para obtener datos sobre algún delito primero detiene y arraiga a una persona y luego investiga; más cuando el contexto político y social no deja dudas de que habrá espionaje descarado con fines de vapulear a los enemigos del peñismo, a los opositores, perseguirlos y hasta difamarlos. Aún más, cuando la venta de bases de datos en el mercado negro es un negocio común en México.
Es claro que todo esto va a ocurrir. Las experiencias con nuestros gobiernos nos lo dice: Vulnerarán la autonomía y la libertad de expresión del sujeto de forma legal. Si no es que ya lo están haciendo desde hace años, repito, ya ve que ni sucede.
Y el colmo son los que creen ciegamente en esta ley y en la buena voluntad del gobierno y las telefónicas: Ya parece que a El Chapo lo vamos a geolocalizar.
